Formar profesionales en la Licenciatura en Derecho capaces de encontrar soluciones a los problemas de orden jurídico, mediante el uso y aplicación de técnicas modernas de interpretación y apego a la normatividad en el ámbito corporativo, analizando sus principales teorías, aportaciones, procesos, funciones relación con el contexto, campos de acción, así como identificar los campos, principios, procesos jurídicos y la interpretación de las leyes, todo ello con el fin de satisfacer las necesidades de las entidades y personas para el logro de sus objetivos en las diversas ramas del derecho, civil, mercantil, penal, constitucional, empresarial, del trabajo e internacional para aplicarlos a situaciones concretas de la realidad jurídica de las personas e instituciones, con estricto apego a las más alta ética profesional.
El profesional egresado de nuestra institución entenderá y aplicará los procesos penales, civiles, mercantiles, informáticos, constitucionales, laborales, administrativos, fiscales, económicos; para eficientar el desarrollo de la organización a quien preste sus servicios.
En cuanto a los conocimientos fundamentales que posibilitan el ejercicio profesional del abogado tenemos:
El cuerpo de principios, preceptos y reglas de comportamiento a que habrán de someterse todos los individuos, grupo e instituciones de una sociedad.
Las herramientas para negociar, mediar, arbitrar; esto es resolver disputas mediante contactos directos con la contraparte.
Los aspectos más significativos del entorno económico, político y social en que actúa el Derecho.
De derecho civil, en todo lo referente a las disposiciones aplicables a las personas la familia, los bienes, las obligaciones y los contratos.
Derecho mercantil, en todo lo referente a actos de comercio, tipos de contratos y sociedades mercantiles; así como, títulos y operaciones de crédito.
En derecho penal, principalmente en lo referente a su objeto de estudio, análisis de la ley y los códigos penales, clasificación de los tipos de delitos y forma de atacarlos.
Derecho constitucional, en cuanto a organización y funciones de los poderes de gobierno, las garantías individuales y sociales, y demás disposiciones constitucionales y normas aplicables.
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